El espeluznante historial del Hogar Seguro Virgen de la Asunción

El incidente está bajo investigación y por él han sido detenidos tres funcionarios.

Pero entre esas dos desgracias, hubo decenas de casos que engrosaron el espeluznante historial del “hogar inseguro”, como mejor se le conocía.

“Mezcla explosiva” 

El refugio empezó a funcionar en El Platanar, en San José Pinula, a 23 escasos kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala en junio de 2010, durante la presidencia del Álvaro Colom.
 
Entonces era el Hogar Solidario Virgen de la Esperanza.
 
Pero con el relevo en el gobierno en 2012, cambió su nombre de “solidario” por “seguro” y también el de la virgen que lo amparaba.
 
Aunque poco tuvieron de eso -de protección- los menores internados en él, en vista de las denuncias que desde entonces han ido salpicando los medios guatemaltecos.

 
Problemas que las autoridades a cargo han atribuido a falta de presupuesto y a las resoluciones de los jueces, que ordenan el internamiento de menores sin tener en cuenta su perfil o el hacinamiento de los centros.
 
BBC Mundo solicitó repetidamente desde el 8 de marzo una entrevista con la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, el organismo que está a cargo de los albergues de menores, pero la respuesta siempre ha sido que la solicitud “se está canalizando”.
 
Aunque desde la tragedia quedan en el centro unos 40 varones a los que no se les ha encontrado dónde trasladar, tal como le confirmó la PGN a BBC Mundo, hasta entonces convivían en él jóvenes de diversos perfiles.
 
Los había desde los que fueron maltratados en sus hogares, pasando por víctimas de explotación o violados, hasta adolescentes que en su día cometieron algún delito y que tras cumplir la condena no tuvieron a dónde ir.
 
“Una mezcla explosiva”, se la describe Karla Campos, abogada del Grupo de Apoyo Mutuo, una organización que presta ayuda legal a familiares de menores internados en el Hogar Seguro, a BBC Mundo.
 
Y a ello se le sumaba el hacinamiento típico de este tipo de instituciones en el país, en los que los que las revueltas son frecuentes. La última ocurrió este martes en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Etapa II (Cejupliv), un centro para menores en conflicto con la ley, y se saldó con dos funcionarios muertos.

Además, contaba con una plantilla poco preparada, según denuncia el Grupo de Apoyo Mutuo y otras organizaciones.
 
“Lamentablemente, el personal tiene muchos años de estar ahí, pero no ha sido formado adecuadamente y tampoco tiene el enfoque de derechos humanos que se necesita”.
 

 Así le dijo Leonel Dubón, el director de la organización no gubernamental El Refugio de la Niñez, al periodista José David López Vicente, del medio digital guatemalteco Plaza Pública en diciembre de 2016.

28 denuncias

En ese caldo de cultivo tuvieron lugar una serie de vejaciones, de acuerdo a lo que señalan las por lo menos 28 denuncias recibidas por la Procuraduría de Derechos Humanos entre enero de 2014 y agosto de 2016.

Por una de las que fueron tramitadas, el 11 de abril de 2013 fue detenido el maestro Edgar Rolando Diéguez Ispache, acusado de “agresión sexual con agravación de la pena”.

La acción se tomó después de que dos estudiantes de 12 y 13 años relataran hechos que según ellos ocurrieron en el Hogar Seguro en julio y agosto de 2012.

“Usted, abusando de su superioridad jerárquica, corrompió la identidad y valores que debían inculcar a los adolescentes, sin tener ninguna consideración respecto a la edad de sus víctimas, a quienes debía proteger por el cargo que desempeñaba en la institución”, reza la acusación de la Fiscalía.

Y el 11 de junio de ese mismo año fue capturado al albañil José Roberto Arias Pérez.

El Tribunal Segundo Pluripersonal que juzga feminicidios y otros casos de violencia contra mujeres lo condenó a ocho años de cárcel por haber violado un mes antes a una niña de 13 años cuando acudió al refugio a reparar unas infraestructuras.

Aunque tras los arrestos, las denuncias de abusos no cesaron, y se les sumaron otros por abuso de autoridad y malos tratos.

Tampoco terminaron las fugas

Éstas eran tan frecuentes que sólo entre enero de 2014 y julio de 2015 el Sistema de Alerta Alba Keneth, una unidad de la Procuraduría General de la Nación (PGN) encargada de buscar y localizar a menores desaparecidos, recibió 233 reportes por “desaparición” en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

“Indicios de trata”

 Pero un mes después de que en septiembre de 2016 huyeran del centro 40 menores, la mayoría niñas, el procurador de la Niñez de la PGN, Harold Flores, presentó una denuncia ante la judicatura.
 
“Es diferente que se escape una a la semana, porque no son centros carcelarios, a que se escapen 30 o 40”, le argumentó Flores a Plaza Pública en diciembre del año pasado.
 
Y en unas declaraciones al medio guatemalteco La Hora, la defensora de la Niñez y la Adolescencia de la PDH, Gloria Castro, aclaró que la demanda fue presentada ante la Fiscalía contra la Trata de Personas.
 
“(…) Interpusimos la denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de las adolescentes y la posibilidad de que exista una red de trata de personas que pueda estar utilizándolas para la modalidad de explotación sexual o para extorsiones”.
 
Lo que Mariela -nombre ficticio- contó el martes de la semana pasada ante el juez también señala hacia eso, según su abogado y miembro del Grupo de Apoyo Mutuo, Alejandro Axpuac.
 
“En la declaración ampliada de nuestra defendida hay indicios razonables muy serios de que pudo haber trata”, le subraya a BBC Mundo.
 
“Trata por parte de extraños al centro, con el contubernio de los funcionarios del lugar”, aclara el letrado. “Aunque es el juez el que tiene que deliberar sobre eso”.

Violencia sexual y tatuajes

 Era 31 de octubre de 2016 cuando Mariela, de 17 años, saltó el muro de 10 metros coronado con alambre espino que rodea el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Había llegado allí el 22 de agosto de 2016, le cuenta Axpuac a BBC Mundo.
 
“Estudiaba en una zona de muchas pandillas y al parecer la querían reclutar, hasta un muchacho la andaba cortejando (con ese fin)”, explica el letrado, quien ofrece acompañamiento legal a la familia de la menor.
 
En vista de ello, su madre la regañó, pelearon, y la joven terminó quedándose a dormir en casa de una amiga, relata el abogado.
 
Y al ver que no volvía, su madre llamó a la policía.
 
“Así, se activó la alerta del sistema Alba Keneth, que se encarga de buscar a los niños y adolescentes desaparecidos, y cuando los encuentra los pone a disposición del juzgado de menores, que con frecuencia ordena que se les interne en los refugios”, explica Axpuac.
 
“A mi hija la encontraron deambulando por la calle, porque no se atrevía a volver a casa, por miedo a que la regresaran al Hogar”, le cuenta su madre, Consuelo Cruz, a BBC Mundo.
 
“Pero nosotros, con la ayuda del GAM, la peleamos y la jueza dictó que se quedara conmigo”, dice aliviada.
 
También presentaron una denuncia penal en noviembre, “por las presuntas ilegalidades y violaciones a los derechos humanos” que tenían lugar en el centro, le señala Axpuac a BBC Mundo.
 
Mariela, según él y su madre, les detalló situaciones de violencia sexual y maltratos varios.
 
“Hasta le tatuaron el nombre de la monitora en el pie, como si fuera propiedad de ella”, cuenta su madre, entre otras vejaciones.

La “bienvenida” y el “tunelito” 

Es el mismo panorama que pinta Miguel -nombre ficticio-, un joven de 15 años que pasó dos meses y medio en el Hogar Seguro, entre el 7 de septiembre y el 25 de noviembre.
 
Ingresó al centro por “problemas familiares”.
 
“Al entrar pasas por una recepción, donde te hacen preguntas y te quitan las pertenencias. Es un espacio impecable, pero luego cuando pasas al dormitorio cambia todo y te tienen metido ahí todo el día y toda la noche”, le explica a BBC Mundo.
 
“Sólo te sacan una o dos veces a la semana, el martes para ir a la escuela, que también está en el centro, y al patio si hay visitas de trabajadores sociales o periodistas”, dice.
 
“Fue en el dormitorio donde me dieron la 'bienvenida': me agarraron a patadas entre 18”, recuerda. “Y aunque los monitores me vieron todo golpeado, no dijeron nada”.

 No fue la única vez.

“Otro día hicieron que todos nos sentáramos en el suelo mojado, y como yo no quería, me hicieron tunelito”, cuenta.
 
“Los otros jóvenes (135 niños de su dormitorio, el correspondiente a los de 15 años) se pusieron en dos filas y yo tuve que pasar por el medio, para que me golpearan con una fuerza increíble”, explica.
 
“Si no me golpeaban, los monitores les pegaban a ellos. Así que me dieron tan duro que me hicieron sangrar sin parar”.
 
También se queja de la mala comida -“tenía tanta grasa que parecía que habían vaciado una botella de aceite en cada plato”- y del exceso de ejercicio que les obligaban a hacer para “cansarlos”.
 
Pero lo que más recuerda son los golpes.
 
Como los de aquella ocasión en la que “un monitor al que le caía mal les dijo a 15 jóvenes que me metieran en el baño y me patearan hasta que yo gritara, para que se le quitara el enojo conmigo, y yo no le había hecho nada”.
 
Cuando se percataron de los estragos de aquella paliza, los familiares de Miguel presentaron una denuncia ante el juzgado de la Niñez y solicitaron que el menor les fuera devuelto.
Sentencia y apelación
 
BBC Mundo ha tratado de conocer la versión de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, el organismo que está a cargo de los albergues de menores, sobre los hechos.
 
Pero en las repetidas ocasiones en las que lo ha intentado durante la última semana, la respuesta ha sido que la solicitud “se está canalizando”.
 
Sin embargo, en declaraciones ofrecidas al periodista José David López Vicente, de Plaza Pública, en noviembre del año pasado, dos funcionarias atribuyeron la precaria situación de los albergues para menores en parte a la falta de presupuesto.
 
“Son 19 millones de quetzales (US$2,9 millones) anuales y con eso tenemos que atender al Hogar Seguro, a las niñas de Xela, al hogar de Zacapa…”, le dijo Anahy Keller, la entonces subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y la Adolescencia.
 
Keller está hoy detenida, junto exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas y el director del Hogar Seguro, Santos Torres, mientras se investiga lo que ocurrió la madrugada del 8 de marzo, cuando un incendio posterior a una rebelión dejó 34 niñas calcinadas.

Los tres funcionarios están acusados de los crímenes de homicidio, maltrato a menores e incumplimiento del deber.
 
En la entrevista ofrecida a Plaza Pública en diciembre, la funcionaria también culpaba de los problemas en los albergues como el Hogar Seguro a las decisiones de los jueces, que ordenan el internamiento de los menores sin tener en cuenta el hacinamiento de los centros y el perfil de los menores.
 
Sea como sea, el 12 de diciembre de 2016 la jueza del Juzgado Sexto de la Niñez y la Adolescencia, Silvia Lorena Vásquez Calderón, ordenó el cierre “inmediato” del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Asimismo, solicitó al Ministerio Público que investigara a los funcionarios encargados del centro para determinar si pudieron tener “responsabilidad penal” en los hechos allí ocurridos.
 
Aunque la sentencia fue después apelada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, y el albergue continuó abierto.
 
Y así siguió hasta el 8 de marzo, cuando 34 jóvenes murieron calcinadas, una cifra que aumentaría a 40 en los días posteriores.

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“Desgracia anunciada”
 
Lo que ocurrió exactamente esa madrugada y el día anterior sigue sin estar claro.
 
La versión oficial es que las jóvenes organizaron un motín, por lo que las castigaron a dormir en un salón escolar, y que fueron ellas las que prendieron fuego a uno de los colchones, provocando el incendio.
 
Sea como sea, quedan preguntas por responder, como si estaban bajo llave, si era así, quién las encerró, y por qué no les abrieron la puerta al oír los gritos por el fuego.
 
“Las investigaciones se encuentran en desarrollo y no podemos dar detalles porque el caso tiene reserva”, ha señalado al respecto Julia Barrera, la vocera de la fiscalía.
 
Pero hasta el momento hay tres funcionarios detenidos con relación al caso, y dos diputados de la oposición, Sandra Morán Reyes y Leocadio Juracán, de Convergencia, presentaron el 14 de marzo una querella contra el presidente Jimmy Morales.
 
“Él es el inmediato superior de las tres personas capturadas y ahí hubo omisión”, argumentó Morán Reyes al diario guatemalteco Prensa Libre.
 
Ya durante los interrogatorios, Wilson López, uno de los policías que llegaron al Hogar Seguro para apaciguar el motín, declaró que había llamado a Morales a las 22:00 para informarle de lo que estaba ocurriendo.
 
“Fue una desgracia anunciada”, le dice a BBC Mundo Karla Campos, abogada del Grupo de Apoyo Mutuo.
 
Algo similar dice Consuelo Cruz, la madre de Mariela.
 
Y a Miguel, el quinceañero que pasó allí dos meses y medio, tampoco lo agarró por sorpresa.
 
Hoy se lamenta de que ni siquiera pudo despedir a las amigas que perdió en el incendio.
 
“Nos comunicábamos por carta, porque si los monitores nos veían hablar con las chavas nos pegaban”, cuenta.
 
“Se llamaban Muñeca, Scrappy y Gabriela”, recuerda.
 
“Pero como sólo conocía sus apodos, ni siquiera pude ir a sus velorios”.